El “salvataje” de Trump y su descaro previo a las elecciones recomendando a quién votar, mientras Milei aprobaba por decreto la operación conjunta de fuerzas armadas yanquis y argentinas en Tierra del Fuego, volvió a poner en el centro de la escena que la dependencia económica del imperialismo es cada vez mayor y, por lo tanto, también la pérdida de soberanía política.
El resultado electoral posterior volvió a abrir una polémica recurrente: ¿”Estamos cada vez mas yanquis”, como afirmaba una canción de Resistencia Suburbana en los años 90? ¿Es culpa del pueblo argentino que “vota mal” que estemos cada vez más cerca de convertirnos en una estrella más de la bandera norteamericana, como sostienen muchos militantes y dirigentes peronistas? ¿El pueblo desea la semicolonización y, en consecuencia, el ajuste que se merece, sin que haya mucho por hacer más allá de “votar bien” en las próximas elecciones?
Una vez más, los dirigentes políticos y sindicales del proyecto “nacional y popular” justifican su inacción frente a semejante entrega actual con lo que quiere “la gente”. Pero lo cierto es que si estamos cada vez más sometidos a los yanquis no es por el resultado electoral o porque se haya popularizado la fiesta de Halloween. Si somos cada vez más una semicolonia es por la entrega de nuestros recursos y soberanía que realizan los partidos gobernantes a ambos lados de “la grieta”, aun con formas o intensidades distintas.
Esto tiene una explicación muy concreta. Desde sus orígenes las clases dominantes de nuestro país, los empresarios y las patronales agrarias, dependen de su relación con el imperialismo, pues se benefician con las inversiones y el comercio principalmente de materias primas (hoy commodities). Por eso, aún con discursos que parecen opuestos, ninguno es capaz de romper las cadenas.
Una historia de larga data
El intento de Estados Unidos por dominar a los países latinoamericanos en función de sus propios intereses no es nuevo. Ya en 1823, cuando la Argentina recién nacía como nación independiente de España, el presidente estadounidense James Monroe inauguró la que luego sería conocida como la “Doctrina Monroe”, política exterior sintetizada en el lema “América para los americanos”. Es decir, a partir de entonces, Estados Unidos se arrogó el derecho de dominación sobre el conjunto del continente americano, por encima de las potencias europeas que estaban perdiendo sus colonias.
Aunque adoptó distintas formas a lo largo de estos dos siglos (tema que profundizaremos en un próximo artículo), lo esencial de esa política se mantuvo. Su expresión más reciente puede rastrearse a fines de la década de 1990, cuando el entonces presidente Bush, tras haber impulsado las privatizaciones, la desindustrialización y el incremento de la deuda externa en los países latinoamericanos, intentó dar un paso más con el proyecto del ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas. Un “libre comercio” que, como siempre, beneficiaba de manera desproporcionada a los Estados Unidos —porque no existe libertad entre desiguales—.
Los efectos en las condiciones de vida del salto en la sumisión que implicó la década del 90, gestaron un importante ascenso continental, que incluyó procesos revolucionarios en distintos países, incluido el nuestro con diciembre del 2001. Esas luchas y revoluciones fueron las que derrotaron el ALCA y desaceleraron el proceso de recolonización. Pero esos procesos no contaron con una dirección revolucionaria que pusiera fin a la sumisión. La resultante fueron gobiernos burgueses, con discursos antimperialistas, que mantuvieron la dominación (mediante la deuda externa, el avance de las multinacionales, el saqueo de los recursos), pero intentando negociar mejores condiciones para los sectores locales.
En nuestro país, en los gobiernos de los Kirchner, el discurso antiyanqui pasó de las calles a los actos de gobierno y ministerios. Y esto generó tensiones en las relaciones bilaterales. Sin embargo, en toda la “década ganada” la dependencia aumentó. Esta vez focalizando las inversiones en los nuevos recursos estratégicos: petróleo, minería y tecnología del conocimiento.
El Pacto Chevrón/YPF de 2013 (pacto que entregó beneficios excepcionales a la empresa norteamericana para la explotación de petróleo en Vaca Muerta, Neuquén) fue un hito del nuevo momento en la entrega. Que se combinó también con la legislación de leyes pedidas por el imperialismo como la Ley Antiterrorista que se votó en 2007 y que está al servicio de la criminalización de la protesta social.
Ganancias para ellos, penas para nosotros
Desde la entrega del YPF Chevron, la recolonización se aceleró. En materia de deuda tanto el gobierno de Macri, como el de Alberto Fernández, como el actual, aumentaron con creces el endeudamiento. Y eso, por supuesto, nunca es gratis. Hace tiempo las multinacionales vienen pidiendo mejores condiciones para invertir. Hubo varias concesiones al respecto, pero el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) votado este año es la frutilla del postre en cuanto a condiciones excepcionales para que las multinacionales se lleven todos nuestros recursos naturales y enormes ganancias, mientras para el pueblo trabajador “no hay plata”.
Todos los gobiernos, de una forma u otra, dicen que las inversiones beneficiarán al país, pero quienes se benefician son los sectores a los que representan. Las multinacionales explotan nuestros recursos, con mano de obra a bajo costo (por eso mantener los salarios bajos es una necesidad del plan), se llevan las ganancias a sus casas matrices y cuando se acaba el recurso, se van. Para el pueblo trabajador lo único que queda son las penas.
Con las “ayudas”, “salvatajes” mediante la deuda externa (que aumentó un 118% en los últimos 20 años) el mecanismo es similar y ya tenemos experiencia. Toda la economía del país y el gasto público empieza a regirse por los vencimientos de los pagos y se ajusta todo el resto del gasto para poder cumplir. Ante cada renegociación, se supone un pequeño alivio momentáneo, pero la deuda es cada vez mayor y las condiciones impuestas cada vez más precarias (en los últimos 10 años el poder de compra de los trabajadores asalariados retrocedió entre un 20% y 30%).
La venta barata de los recursos del país (y la consecuente pérdida de soberanía), la deuda externa y la caída en el nivel de vida de la mayoría de la población son caras de la misma moneda. No hay una sin la otra.
Tenemos que cambiar la historia
Discursivamente el peronismo se muestra como el defensor de “La Patria no se vende” pero, durante sus gobiernos la patria se siguió vendiendo. Los dirigentes sindicales y políticos peronistas conmemoraron el 5 de noviembre los 20 años del “No al ALCA”, pero no mueven un dedo contra el nuevo contra el nuevo ALCA que se está imponiendo.
Desde VOS estamos convencidos de que la lucha por derrotar el plan de Trump es vital para revertir la precarización de nuestras vidas. Y eso hoy pasa por derrotar al gobierno de Milei y su plan, y en ese sentido es necesaria la mayor unidad de los distintos sectores de trabajadores para pelear contra cada uno de los ataques.
Pero si no queremos terminar siendo colonia, tenemos que ir más allá, tenemos que cambiar la historia. Los distintos sectores patronales nos bombardean todos los días con propaganda. Unos de que mientras más subordinados a EE.UU. mejor estaremos. Otros de que hay que resignarse a lo “posible”, aspirar a una “mejor negociación” y que eso sería defender la soberanía. En verdad lo único que defienden son sus intereses.
Ningún poder es invencible, ni eterno. Las revoluciones de distinto tipo que se han dado a lo largo de la historia lo demuestran, entre ellas las de Independencia en nuestro continente. Pero en el capitalismo imperialista actual ¿Qué sector de la sociedad puede cumplir con las tareas necesarias para la liberación nacional? El único sector que puede realmente implantar un modelo de país sin sumisión colonial es la clase obrera, que es la que genera la riqueza en el país, que le es robada y llevada a las casas matrices de las multinacionales, con la intermediación de los empresarios locales que se quedan con una tajada. Solo pueden romper las cadenas quienes no se benefician con ellas.
Por eso solo un gobierno de la clase obrera y el pueblo pobre puede imponer un plan al servicio de combatir de verdad la dependencia. Con medidas como el cese inmediato del pago de la deuda externa y no reconocimiento de la misma, ya que es ilegítima y fraudulenta y desconocimiento de los acuerdos con el FMI. La expropiación y estatización, sin pago de ramas fundamentales de la economía, incluyendo la agrícola ganadera. La nacionalización de la banca y el comercio exterior, para terminar con la especulación financiera, la fuga de capitales y el gran negocio con las exportaciones e importaciones. Eliminar el IVA e imponer un impuesto a las grandes fortunas a empresarios, bancos y multinacionales. Reestatizar las empresas privatizadas, la Hidrovía del Paraná y el servicio ferroviario, entre otras. Y planificar la economía al servicio de erradicar el hambre y la pobreza, garantizar salud, educación, acceso a la vivienda, trabajo genuino, y combatir la violencia machista.
Eso es lo que para nosotros hay que poner en discusión respecto de qué país queremos, explicando además que eso no se puede lograr con esta democracia para ricos, votando cada dos años. Lamentablemente, ni siquiera las opciones de izquierda están aprovechando el espacio conquistado (como la importante votación del FITU) para hacer este debate.
Con el 2001, jornadas a las que las fuerzas políticas patronales y medios les han impuesto mala prensa, logramos frenar el ALCA y desacelerar los planes del imperialismo. Es mentira que no se pueden frenar. Pero para romper con la calesita en la que estamos, necesitamos ir por más, para cimentar la estrategia de la revolución obrera y socialista. Al servicio de esa tarea, nos construimos y batallamos.
