El 6 de agosto Milei fracasó en su intento de hacer aprobar en el Senado su proyecto original de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, conocido popularmente como “Ley de extranjerización de la tierra”, que incluía modificaciones a la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del fuego. El proyecto original permitía la compra ilimitada de tierras a inversores imperialistas y habilitaba la venta también de las tierras que hubieran sufrido incendios para facilitar luego negocios inmobiliarios. Logró sí hacer aprobar los artículos que permiten desalojos exprés de propiedades y el proyecto así recortado pasa a votación en Diputados.
Sin duda este es un triunfo parcial de la movilización popular que debemos continuar hasta derrotar definitivamente todo el proyecto. Pero más allá del debate sobre la extranjerización del territorio y los recursos naturales creemos que hay otro debate importante para hacer que es el de la propiedad de la tierra en nuestro país y su concentración.
Tierras rurales bajo dominio extranjero
Por empezar con la actual ley, votada en 2011 bajo el gobierno de Cristina, ya hay en el país varios antecedentes de compra de tierras e incluso hay algunas provincias argentinas que tienen un alto porcentaje de tierras extranjerizadas.
Por citar solo un ejemplo, en La Rioja, el rabino estadounidense Libersohn compró en 2008 un pueblo entero y se hizo de aproximadamente 200.000 hectáreas en la zona de Valle Hermoso.
Hoy, entre las provincias con mayor cantidad de tierras vendidas a extranjeros se encuentran Salta, Misiones y San Juan (con más de 10%), seguidas de Mendoza, Catamarca y Santa Cruz (entre 8% y 9%). Entre los Partidos de Buenos Aires encontramos a Campana, con más de 50% de hectáreas extranjerizadas, seguido de Zárate, con 24,80%. Y entre los Departamentos provinciales figuran Lácar, en Neuquén, con 54,17%; Molinos, con 57,79% y San Carlos con 59,82%, ambos en Salta; y General Lamadrid, en La Rioja, con 56,70% y muchos otros cuyas tierras extranjerizadas van de 15 a 40% (la politicamabiental.com.ar, 3/8/2026).
Entonces, lo que está en discusión es mucho más que una ley. Se debate la soberanía de un país que, desde hace años, a través de distintos y sucesivos gobiernos y sus legisladores de turno, ha utilizado los mismos argumentos sobre crecimiento y desarrollo de la economía para defender la apropiación privada de recursos, con acceso a beneficios fiscales y en detrimento del nivel de vida de los trabajadores rurales y urbanos que son quienes hacen la riqueza de este país.
Cuando se trata de tierras
¿De qué hablamos cuando hablamos de “inviolabilidad”? Porque este es un término que se usa mucho en estos días, alrededor de la ley que dice que la propiedad privada es inviolable.
Bien, vamos por partes, porque ahora resulta que lo inviolable vale solo para quien detenta una o muchas propiedades que muchas veces les fueron dadas sin pagar nada a cambio o intercambiando negocios: te doy esto, dame aquello… y estamos a mano. O peor, robándole a los pueblos originarios las tierras que habitaban.
Es decir, lo que sí se puede es violar todos y cada uno de los derechos de los pueblos originarios, lo mismo da si es robando o matando. Y se pueden violar también todos los derechos de los trabajadores y sus familias con desalojos exprés, con nuevas leyes o viejas leyes “modernizadas”, con “guardianes” de las propiedades de las grandes empresas que hasta cortan las rutas del Estado en una desfachatada manifestación de propiedad privada, con represión, como sea… Violaciones institucionalizadas, además, por todos los gobiernos nacionales y provinciales (de hecho y de derecho) y por los distintos Congresos Nacionales votados a lo largo de más de un siglo.
Veamos, si no, cuál es el origen de la propiedad de la tierra de la oligarquía terrateniente de nuestro país. Empecemos por la Ley de enfiteusis de Rivadavia de 1822. Por esta ley se hipotecaron las tierras de la provincia de Buenos Aires como garantía de préstamos para el gobierno provincial pero se les dio a los oligarcas de la época (antepasados de los actuales) a la vez, la posibilidad de adquirir en concesión cantidades ilimitadas de tierras a cambio de un canon. El período de posesión fue reglamentado en 10 años recién en 1825 y extendido a 20 por el Congreso Nacional de 1826 bajo la presidencia de Rivadavia.
Sería Juan Manuel de Rosas quien consolidaría el poder y la propiedad de esa oligarquía terrateniente posteriormente. Como explica Nahuel Moreno en su Método de interpretación de la historia argentina (1975):
La enfiteusis, entre 1822 y 1830, entregó a quinientos treinta y ocho propietarios 8.656.000 hectáreas. Rosas, insistimos, entregó en propiedad estas tierras (en 1836 hizo un gran remate de las tierras públicas). Dicha política llevó a que en 1840, según Avellaneda, doscientos noventa y tres personas poseyeran 8.600.000 hectáreas en la misma provincia, lo que significa una colosal transformación de la propiedad de la tierra.
Y veamos, también, la Campaña del Desierto, una campaña militar genocida llevada adelante en la Argentina entre 1878 y 1885, con el claro y manifiesto objetivo de apoderarse de grandes extensiones de territorio que se encontraban en manos de los pueblos originarios, como pampas, ranqueles, mapuches y tehuelches. Así, se incorporó al control efectivo del país una extensa zona de la región pampeana y de la Patagonia, que hasta ese momento era habitada por los pueblos originarios, y que pasaron a manos de grandes terratenientes nacionales y extranjeros.
Así se fue conformando la fortuna y la propiedad de los Anchorena, Martínez de Hoz, Braun, Menéndez Beheti, Bullrich y tantos otros apellidos “ilustres”.
Los aborígenes, ya sometidos, sufrieron la aculturación1 [1], la pérdida de sus tierras y también la de su identidad, al ser deportados por la fuerza a campos de concentración como el de la isla de Martín García o utilizados para servir como mano de obra esclava, cuando no trasladados a museos (como el de La Plata, en el que vivieron en cautiverio y ya muertos fueron objetos de prácticas horrorosas, toda vez que instalado el concepto de que eran seres anteriores e inferiores, se expusieron sus restos en el museo). Entonces, una vez más, de qué inviolabilidad hablamos, si los originarios fueron violados hasta en sus esqueletos.
Pareciera que la inviolabilidad solo vale para las propiedades y no para las personas, o peor, en detrimento de las personas. ¡Extraña manera de preservar derechos!
¿Qué hacer?
La primera medida que es urgente y necesario tomar es la expropiación sin indemnización y la nacionalización de las grandes propiedades de tierras usurpadas a los habitantes nativos, por un lado, o negociadas con el Estado y/o compradas por migajas o a cambio de favores. También las de grandes empresas y empresarios extranjeros como Lewis o Benetton, propietario de 900.000 hectáreas en la Patagonia, para la cría de ovejas, de lo que obtendrá el 10% de la lana para su firma y cuya familia es la que controla el imperio textil italiano. Y las de terratenientes que son grandes empresarios argentinos asociados a los capitales e intereses del imperialismo. En la década de 1990 apareció con peso la figura de Eduardo Elzstain, multimillonario sionista propietario de la empresa IRSA, principal desarrolladora de inmuebles comerciales del país, y única empresa argentina de este sector que cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE), desde 1994. También es el propietario del Banco Hipotecario desde su privatización en 1990, y de CRESUD S.A.C.I.F.Y.A (Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria), que posee 800.000 hectáreas en 24 campos propios en Argentina. Elzstain es además el principal inversor de Austral Gold, dedicada a la actividad minera de oro y plata en Argentina y Chile, asociado con capitales estadounidenses y uno de los principales aportantes a la campaña de Milei. Esa inserción, nos confirma no sólo un avance del sionismo, sino también que ese avance está alineado con los intereses del imperialismo estadounidense y a su servicio. Y que ese proceso sucede desde hace mucho tiempo por dentro de las instituciones y con los mecanismos del régimen democrático burgués, no por fuera de él ni en su contra, y tras los sucesivos gobiernos.
Por otro lado, junto con la expropiación de los latifundios es necesaria también la entrega de los territorios reclamados por las comunidades originarias que viene siendo negada por los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales por presión de esos grandes propietarios, además de criminalizarlos, reprimirlos y asesinarlos. No sólo deben recibir la tierra sino también garantizarles salud, educación bilingüe, conectividad y apoyo tecnológico y financiero para producir.
Otra medida es garantizar las necesidades alimentarias de la población, ya que la Argentina produce lo suficiente para alimentar a 300 millones de personas, pero hoy muchas de ellas pasan hambre en el propio país. Muchos de nuestros productos agrícolas y ganaderos son reservados a la exportación, que da más ganancias, mientras los trabajadores y el pueblo comen lo que queda de remanente, por ejemplo, carne más dura. Para eso es necesario poner las tierras estatales y rurales al servicio de la producción en gran escala de productos comestibles, en la forma en que hoy la llevan adelante, por ejemplo, los quinteros de La Plata, cuya producción abastece hoy el 80% del consumo de Buenos Aires. Esa gran producción debería ser controlada por los trabajadores y los propios quinteros, con acceso a tecnología, maquinaria, abono, fertilizantes y químicos pero utilizados racionalmente, en equilibrio con el medio ambiente y la vida humana.
Es fundamental, también, establecer el monopolio estatal del comercio exterior para poder decidir qué se exporta o importa de acuerdo a las necesidades del país y del pueblo trabajador. También es necesario estatizar las acopiadoras y en ambos casos poner todo bajo control de los trabajadores, garantizando un precio justo a los pequeños productores y el abastecimiento prioritario de la población.
Nuestra propuesta es luchar por todo esto y movilizarnos. Nuestros reclamos por soberanía, por la defensa de las zonas de frontera, por la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales e hídricos son un derecho inalienable y mucho más inviolable que la pretendida ley que, de sancionarse, solo les daría esos derechos a los propietarios usurpadores de nuestras tierras. Solamente la lucha y la movilización de los trabajadores pueden echar por tierra los planes proimperialistas de este gobierno e imponer un plan al servicio del pueblo trabajador que sólo podrá aplicar un gobierno obrero y popular.
- La aculturación es el proceso en el que se adapta una nueva cultura o aspectos de ella. Los individuos se adaptan incorporando elementos de otra cultura. Una de las causas externas tradicionales es la colonización, otra es la migración. En la aculturación intervienen diferentes niveles de destrucción, supervivencia, dominación, resistencia, soporte, modificación y adaptación de las culturas nativas tras el contacto cultural.
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