Enseñar no debería ser un factor de riesgo
Mientras trabajas, estudias o seguís con tu rutina, te enteras de que hallaron el cuerpo de Nancy Godoy, docente rural de Corrientes. Y otra vez ese vacío recorre el cuerpo, esa sensación difícil de poner en palabras. ¿Y ahora qué? ¿Cómo puede ser que, después de tantos años de lucha, conquistas y leyes, nos sigan matando?
Nancy fue encontrada en una zona rural, a más de 15 kilómetros de la escuela donde trabajaba, en un lugar al que solo pudieron acceder a caballo. Hay personas detenidas y se encontraron prendas quemadas. A principios de octubre, mientras se dirigía a su escuela, alguien decidió por ella, se apropió de su vida y de su cuerpo.
A pocos metros de la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal, donde Nancy se desempeñaba como directora, encontraron algunas de sus pertenencias. Antes de su desaparición, la docente había denunciado mediante una carta que la institución estaba «totalmente abandonada».
Ahora, los portales de noticias parecen descubrir lo que significa trabajar en zonas rurales: las dificultades que enfrentan las docentes, pero también las mujeres de esas comunidades, expuestas cotidianamente a múltiples violencias, desigualdades y riesgos.
La historia de Nancy, sus sueños, el dolor de sus seres queridos y de toda la comunidad educativa no pueden separarse de las políticas que se implementan —o se dejan de implementar— para garantizar nuestras vidas.
En todo el país, las y los docentes reclaman mejores condiciones laborales, infraestructura, presupuesto y alimentación adecuada para sus estudiantes. Nancy recorría aproximadamente 70 kilómetros por caminos de tierra y debía continuar a caballo para llegar a su escuela, sin que estuvieran garantizadas las condiciones mínimas de seguridad. ¿Quién se hace responsable de estas condiciones de trabajo?
El ajuste y el vaciamiento de la educación pública tienen consecuencias concretas. No destinar presupuesto a educación no es solamente una cuestión salarial: también implica abandonar las condiciones materiales necesarias para enseñar y aprender dignamente. La situación se agrava cuando el funcionamiento de una escuela depende de sectores privados, como ocurría con la estancia donde trabajaba Nancy.
Lo sucedido vuelve a poner en evidencia las desigualdades que atravesamos las mujeres trabajadoras, muchas de nosotras sostén de nuestros hogares, expuestas a condiciones laborales precarias y a múltiples formas de violencia. La crisis no nos afecta a todas las personas por igual: golpea con mayor fuerza a las mujeres trabajadoras y, muchas veces, de la peor manera.
Por eso, no alcanza con expresar dolor e indignación. Necesitamos construir espacios de organización y movilizarnos en forma independiente de los gobiernos y partidos patronales, responsables y cómplices por acción u omisión de estos crímenes. Tampoco podemos depositar nuestra confianza en una Justicia corrupta y funcional a los intereses del poder político y empresarial, que tantas veces desoye las demandas de las comunidades.
Exijamos una comisión investigadora independiente, obrera y popular, integrada por familiares y trabajadoras/es de la educación, que escuche a la comunidad educativa y permita esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y determinar las responsabilidades políticas e institucionales.
El gobierno provincial de Valdés y el Gobierno nacional de Milei son responsables y deben dar respuestas por las condiciones de abandono y desfinanciamiento que atraviesa la educación pública. No podemos naturalizar que enseñar implique poner en riesgo la vida.
¡Justicia por Nancy Godoy!
¡Juicio y castigo a los responsables materiales y políticos!
¡Basta de ajuste y abandono de la educación pública!
¡Todos/as al paro de CTERA!
¡Plan de lucha ya de CTERA y CTAs!
