El año nuevo comenzó con otro tarifazo de los que ya nos tiene acostumbrados Milei: las boletas de luz llegaron con entre 20% y 36% de aumento, y las de gas con aumentos de entre 10% y 54%. En promedio, los servicios de agua, luz y gas han aumentado un 461% durante el Gobierno de Milei, casi el doble que la variación de precios que ronda el 260% (datos de Instituto Argentina Grande).
Al mismo tiempo, a contramano de los aumentos, los servicios cada vez presentan más problemas. En el AMBA, los cortes masivos tanto de Edesur, como de Edenor, son una clara muestra de esto.
Todo además sin dejar de tener en cuenta que: 1. Por un lado, la reducción de la actividad económica implica que la industria, que representa alrededor del 80% de la demanda energética total, lógicamente, consuma menos energía. 2. Que las temperaturas hasta ahora de este verano vienen siendo bastante amables, habiendo sufrido tan solo una pequeña ola de calor en los últimos días del año.
De ambas premisas se puede concluir que la situación de la red eléctrica no se está mostrando en toda su gravedad. Basta recordar que en los últimos días del 2025, donde sí tuvimos temperaturas muy altas, los cortes fueron mucho más recurrentes. Si en lo que queda del verano sufrimos nuevas olas de calor, es probable que el estado de la red empeore.
Subsidiar o no subsidiar ¿Es ese el dilema?
El discurso del Gobierno frente a todo este paquete de aumentos y recortes se resume más o menos a: estamos pagando muy poco, las tarifas pisadas no permiten que las empresas inviertan en infraestructura y por lo tanto esta última arrastra años de deterioro.
En este relato pareciera que las grandes perjudicadas son las empresas privadas, como si no hubiesen recibido subsidios millonarios durante todos estos años, a la vez que aumentaban las tarifas cada vez que los subsidios disminuían. ¿O acaso Edenor y Edesur han mostrado sus libros contables, y así, demostrado que con sus ganancias no alcanzaba para hacer las obras necesarias? Sería lo mínimo que al menos lo demuestren. Las cifras de los subsidios muestran que han recibido sumas enormes a lo largo de los años, con picos en 2013 (134 mil millones de pesos, equivalente al 4% del PBI) y 2022 (2 billones, 2,5% del PBI). En el Gobierno de Milei, siguieron ganando fortunas por los subsidios, en menor medida, compensado por los aumentos en las tarifas (7,5 billones en 2024 y 6,5 billones en 2025, aproximadamente un 1% y un 0,66% del PBI, respectivamente).[1]
Del otro lado de la contienda, tenemos al peronismo y aliados, que por una parte cuestionan los tarifazos y la falta de infraestructura. Pero la única alternativa que han planteado siendo Gobierno e incluso como oposición fue mantener los subsidios, cuestionar la quita de los mismos, o a lo sumo distribuirlos para que beneficien más a hogares con menores ingresos. Los subsidios se los otorgó Néstor Kirchner a las empresas privatizadas en el 2005 como “compensación” porque estas reclamaban que se les permitiera aumentar las tarifas a valor dólar después de la salida de la convertibilidad. Es decir que los gobiernos kirchneristas tuvieron la posibilidad de acabar con el curro de las privatizadas. Pero prefirieron mantener sus ganancias y negocios.
Entonces nos encontramos con que, frente a empresas que ganan millones y no invierten en obras, una infraestructura que no resiste aumentos en la demanda, y familias que no pueden pagar los servicios, lo único que ninguna de las alternativas se anima a cuestionar es que las empresas se la sigan llevando en pala
¿Privado es mejor?
Ahora el Gobierno quiere avanzar en la privatización de AYSA, muy probablemente entregándosela a Mekorot, empresa israelí implicada en el genocidio en Gaza. El discurso que repite Milei y sus voceros es que la iniciativa privada siempre es mejor que la estatal. Ya nombramos el caso de la electricidad. Pero si buscamos un poco en la historia reciente, veremos que el servicio de agua en el AMBA ya estaba privatizado entre 1993 y 2006, cuando se rescindió el contrato con Aguas Argentinas justamente porque la falta de obras provocó un aumento la presencia de nitrato y nitrito en el agua corriente, químicos nocivos para el cuerpo.
Los defensores de las privatizaciones podrán argumentar que los servicios públicos eran un desastre antes de ser privatizados, como es el caso de ENTEL, la empresa estatal de telefonía, que, previamente a su venta, brindaba un pésimo servicio, con largas esperas para la instalación de líneas telefónicas. Pero lo que no están contando es que eso fue parte de un plan de desfinanciamiento y vaciamiento para preparar las privatizaciones que abarcó varias décadas y se agudizó con el endeudamiento provocado por la dictadura, obligando a las empresas a tomar créditos que no se invertían allí y alimentaban la bicicleta financiera de la burguesía que compraba dólares baratos, los pasaba a pesos colocados en PF con altas tasas de interés y después la fugaban. El vaciamiento continuó con Alfonsín que intentó privatizar con el Plan Terragno pero no pudo. Menem y María Julia Alsogaray aceleraron el tramo final del proceso. Es decir el plan fue vaciarlas y desprestigiarlas para tener consenso popular para justificar la privatización.
Privatizar el agua, así como mantener en manos privadas la energía, el transporte, el gas, las telecomunicaciones, es que estén al servicio del lucro. Pues, qué más quieren las empresas privadas si no es aumentar sus ganancias, sin importar qué.
Se podría argumentar también que las empresas estatales “favorecen” la corrupción. Argumento que tiene validez, si no fuera por el hecho de que una empresa privada gane millones en subsidios y no invierta en infraestructura no es más que otro ejemplo de corrupción, pero privada.
Por eso la solución no puede ser otra que la estatización de todos estos servicios, esenciales para la vida cotidiana, pero bajo control de los trabajadores. De esta forma, el fin de estos será cubrir las necesidades de la población, haciendo las obras necesarias, sin que la necesidad del lucro individual esté de por medio. El control democrático de los trabajadores también permitiría un seguimiento de todas las obras, inversiones, infraestructura, movimientos para evitar cualquier indicio de corrupción. Los trabajadores de esos servicios son además los que los hacen funcionar y pueden garantizar mejor su eficiencia. De esta manera se podrían garantizar servicios eficientes y de calidad para todo el pueblo trabajador
[1] Todas las cifras corresponden a la totalidad de las empresas privadas de servicios públicos, incluido el transporte. Los montos en pesos están expresados al valor del peso en el año correspondiente.
