El Congreso ha sancionado la nueva Ley Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años. Aunque la Reforma Laboral ha ocupado gran parte de la agenda pública, el debate sobre la inseguridad y el delito siempre está sobre la mesa, más aún cuando involucra a menores de edad. Así sucedió con el caso de Jeremías Monzón hace unas semanas, que fue tomado como emblema por el Gobierno para impulsar la aprobación de la ley.
¿Es la solución aumentar las penas, y meter presos a los menores? Un amplio sector opina que sí, o al menos eso indican las encuestas de consultoras como Opinaia o Giacobbe & Asociados, donde el respaldo a la medida gira en torno al 80%. Esto incluso es transversal a la “grieta”, pues estas mismas encuestas indican que el apoyo sigue siendo mayoritario incluso en sectores opositores al Gobierno.
Los sectores políticos que defienden la mano dura (que van desde Milei hasta sectores del peronismo como el Frente Renovador de Sergio Massa) se han anotado un punto al embanderar demagógicamente “la defensa de los derechos de las víctimas frente a los derechos de los delincuentes”. De esta manera coloca a quienes nos oponemos a esta medida como defensores de asesinos y ladrones. Tampoco desde Gobiernos que, al menos en el discurso, se oponían a la “mano dura”, se han dado soluciones de fondo.
Y entre quienes nos hemos opuesto a la baja de edad de imputabilidad en varias ocasiones, no hemos profundizado en soluciones, y muchas veces nos limitamos a denunciar la pobreza estructural que genera el aumento en el delito, y que la represión del Estado no la resolverá. Esta falta de alternativas de fondo es lo que termina dando por vencedor en la pulseada a los promotores de “el que las hace las paga”.
Hay que empezar por decir que quienes sufren principalmente la inseguridad son las familias trabajadoras, que viven o trabajan en las zonas más desplazadas (particularmente cuando se trata de zonas con muchas fábricas y poco tránsito de gente), a contraposición de quienes contratan seguridad privada en sus barrios, edificios, etc. Hasta algo tan simple como la posibilidad de volver en Uber a casa cuando es tarde para moverse en colectivo se vuelve un lujo cuando la plata no alcanza. Por eso ninguna organización política que quiera representar los intereses de los trabajadores puede no empatizar con quién pierde parte de su salario en un robo, o pierde a algún familiar, amigo o pareja en un homicidio.
La trampa de la edad de imputabilidad
Eso no anula comprender las raíces económicas, políticas y sociales que tienen la inseguridad y el delito. Ni mucho menos la respuesta a una pregunta muy importante alrededor de la cuál debe girar ésta discusión ¿Realmente reducir la edad de imputabilidad ayudará a bajar el número de robos y homicidios? Sin hacer uso de ningún tipo de futurología, sino ateniéndose a estadísticas y experiencias en otros países del mundo, se puede afirmar que no.
En primer lugar, porque los delitos cometidos por menores de edad son tan solo el 3% de los denunciados en la Provincia de Buenos Aires (según datos del Ministerio Público Fiscal). Pero incluso ignorando este dato, y haciendo de cuenta que el número es mayor, reducir la edad de imputabilidad es tan sólo atacar un síntoma sin tocar la enfermedad.
Las últimas cifras oficiales acerca de la pobreza infantil en nuestro país arrojan cifras cercanas al 31%. La relación entre pobreza y delito no solamente debe tomarse de forma lineal, sino también relacionado a otros indicadores como la violencia intrafamiliar (que afecta a 1 de cada 2 niños), o el consumo problemático de drogas (empezando por el alcohol, cuyo consumo en adolescentes ronda el 35% según SEDRONAR).
Acostumbramos discutir cómo las bandas narco utilizan esta situación para reclutar “soldaditos”, pero esto existe en todos los niveles del delito. Desde quienes revenden celulares u otros objetos robados, hasta incluso la propia policía que recluta chicos para robar bajo amenaza (con casos conocidos como el de Luciano Arruga). Esos mismos policías corruptos ahora tendrán una herramienta más para cohesionar: amenazar con la cárcel a quien se niegue.
Además con la situación educativa y laboral en completa decadencia, mandar a los chicos a la cárcel muy probablemente los condene a continuar en el mundo del delito al salir. La altísima tasa de reincidencia (más del 65%) lo confirma. Países que han bajado significativamente la edad de imputabilidad como Colombia, no han mostrado resultados positivos tampoco.
Bajar la edad de imputabilidad claramente no resuelve el problema. Contraponer derechos de víctimas y victimarios, poniendo como estos últimos a los pibes que roban es una trampa mientras los verdaderos responsables de la inseguridad están del otro lado del mostrador en las comisarías, o disfrutando de sus mansiones en countries, y son amigos de los diferentes poderes de turno. Una vez más quienes pagan los platos rotos terminan siendo solamente los más pobres.
Una alternativa para combatir la inseguridad
Desde ya debemos luchar por la derogación de esta ley nefasta que lejos de combatir el delito sólo va a agravar la represión hacia niños y adolescentes de los barrios pobres. Pero, oponernos a la medida nos obliga además, a plantear una alternativa. Lo primero que se debe hacer es ofrecer una alternativa a las infancias y la juventud más marginadas, que los saque del narcotráfico y el delito. Esto implica educación y trabajo de calidad, por supuesto, lo que supone el enfrentamiento al plan del Gobierno, avalado por sus jefes en EEUU, a la vez que una discusión sobre qué modelos educativo y laboral necesitamos.
Pero además, impulsar el deporte y el arte son fundamentales. El peronismo se jacta muchas veces de la política del primer gobierno de Perón de impulsar los clubes barriales, que efectivamente disminuyó la delincuencia. Pero esto no fue ni de cerca realizado por los últimos gobiernos peronistas, que priorizaron poner la plata en la deuda externa. Hoy, y desde hace tiempo, la gran mayoría de estos espacios barriales, que suelen ser la última trinchera contra el delito organizado, es bancado a pulmón por vecinos, ahogados por los tarifazos. Cada barrio debe contar con espacios de deporte, música, dibujo, teatro, danza y más, de acceso público y financiados por el estado.
Junto a eso, es importante que nos organicemos contra las bandas narco y similares. No podemos confiar en la policía ni mucho menos en los gobiernos, cómplices de las mafias. Debemos confiar en nuestras propias fuerzas para sacarlos de nuestros barrios y alejarlos de nuestros pibes.
Por último, como sabemos que los verdaderos jefes están varios escalones más arriba, tenemos que buscarlos. Es necesario expropiar y poner bajo control de los trabajadores todos los puertos del Río Paraná, por donde entran y salen gran parte de los cargamentos de drogas. Anular la ley de inocencia fiscal y terminar con el secreto comercial, para que las empresas muestren sus libros contables. De esta manera sabríamos qué empresarios y empresas lavan dinero del narcotráfico y otros delitos y ayudan a financiarlo, así como también a garantizar la impunidad comprando comisarios, jueces y políticos corruptos.
