El Régimen de Zona Fría es un programa del Estado argentino que garantiza el derecho y el acceso al gas a través de una tarifa diferencial para los residentes de zonas con muy bajas temperaturas. El original Régimen de Zona Fría fue sancionado en 2002, especialmente para la Patagonia en el Sur y la Puna en el Norte. En 2021 se extendió a otras regiones del país e incorporó zonas de climas menos fríos, mayor actividad económica y una densidad de población más alta que las otras regiones. Quienes viven en estas zonas también pueden acceder al gas natural con una tarifa diferencial.
Ahora, el gobierno de Milei pretende retirar el beneficio a varias de esas provincias contempladas en el régimen extendido y mantener sólo las zonas que por ley estaban originalmente previstas. Eso significa que hay alrededor de 1.300.000 viviendas que quedarían sin el subsidio. Esta medida propuesta por el Presidente tiene ya media sanción en la Cámara de Diputados.
Tarifas de gas sin beneficios
La ampliación del Régimen de Zona Fría sancionado en 2021, durante el gobierno peronista de Alberto Fernández, incorporó al beneficio a gran parte de Buenos Aires, el centro y sur de Córdoba, el sur de Santa Fe, Mendoza, y casi todo San Luis, sumando estas regiones a las ya contempladas en 2002. Dicha ampliación, amparada por la Ley 27.637, incorporó a la tarifa diferencial a más de cuatro millones de usuarios y se transformó en un gran subsidio energético financiado por el Estado.
Hasta ahora, tres elementos determinan el monto de la factura que paga cada vivienda: el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), el costo del transporte troncal del gas natural hasta las ciudades y el Valor Agregado de Distribución (VAD) en las propias ciudades. Cada uno de ellos está a cargo de empresas privadas, supervisadas por el Estado a través de ENARGAS.
Según lo aprobado en la Cámara de Diputados, ahora el subsidio sólo se aplicará sobre el primero de estos elementos. Sobre los otros dos, ya no habrá descuento ni financiación alguna. Es válido aclarar que gran parte del cargo fijo que pagan los hogares deviene del Valor Agregado de Distribución (como dijimos, no sujeto al cálculo para el subsidio).
De aprobarse definitivamente esta reforma, incluso los usuarios que permanezcan en el régimen, o sea, los que viven en la Patagonia y en la Puna, tendrán un aumento en sus facturas residenciales que rondará entre 20% y 30%, dependiendo, por ejemplo, de la densidad poblacional y de la severidad del clima. Es decir, el que vive en la zona más fría y menos poblada, pagará más.
Es importante recordar que muchos de los trabajadores que fueron a vivir al Sur lo hicieron en búsqueda de un trabajo. Por ese entonces, el Estado nacional ofrecía para quienes fueran a radicarse un subsidio en la tarifa de gas que compensaba el rigor del clima.
El impacto que esta medida provoca en los bolsillos de los trabajadores, en particular de los patagónicos, es lo que los convoca para salir a las calles a reclamar. Las protestas y movilizaciones se extienden por todas las ciudades patagónicas. No es casual… y no puede ser de otro modo.
Los trabajadores ven cómo las petroleras extranjeras ganan a diario millones de dólares por el petróleo y el gas que exportan. Mientras se rifa el país y las empresas y los bancos se llenan de plata, el trabajador no puede pagar el gas para su casa y el gobierno le dice que se abrigue más para así usar menos gas.
De acuerdo con este nuevo proyecto de ley, los usuarios de las regiones incorporadas en 2021 sólo seguirían recibiendo una bonificación adicional asociada al esquema de Segmentación Energética Focalizada (SEF), siempre que estén identificados dentro de dicho esquema como “usuarios vulnerables”.
Ahora bien, si dejamos de lado los nombres sofisticados, los vericuetos parlamentarios y la palabrería inútil utilizada en las altas esferas del poder, la realidad nos dice que ese “elevado costo fiscal que afronta el Estado nacional” volveremos a pagarlo nosotros, los laburantes, a través de la reducción de subsidios energéticos y con el objetivo gubernamental de reordenar las cuentas públicas. Porque ya ni siquiera les alcanza con el recargo que impusieron en todas las facturas de gas que pagamos todos los usuarios del país.
Pero digamos las cosas como son: no es que el gobierno Fernández-Fernández de Kirchner (y sus legisladores) haya sido “más bueno”. Simplemente consideró otros negocios, ligados a los gobernadores y políticos afines, así como a algunas burguesías industriales tanto de Buenos Aires como del interior del país. Además, claro, de hacer “populismo” para ganar votos.
Pero como lo que aprobó ahora la Cámara de Diputados es volver, aunque parcialmente, al esquema original de 2002 y encima cambiar la forma de calcular el beneficio, esto hace aparecer al gobierno anterior como más preocupado por los “simples mortales”, que seríamos nosotros los trabajadores.
El gobierno ordena cuentas… privatizando y rifando nuestras riquezas naturales
Esta medida del gobierno de Milei se expresa en la privatización de ENARSA (Energía Argentina S.A.), que por dos décadas ejerció algún control y supervisión sobre la infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución de gas. La reducción en la participación operativa de ENARSA contempla la venta de gasoductos, centrales térmicas y represas, además de su participación accionaria en la transportista eléctrica Transener. Esto en buen criollo significa, por un lado, la transferencia de activos al sector privado y, por el otro, la reducción de inversión del Estado en un servicio imprescindible para las personas. La quita y/o reducción de subsidios al consumo es una consecuencia de esto.
Al mismo tiempo, el Estado deja de ser el responsable por una actividad esencial en áreas estratégicas para el sistema energético nacional y se las entrega al sector privado, tanto en la explotación de la producción como en la infraestructura de transporte y exportación. Por ejemplo, la expansión de producción de gas no convencional en Vaca Muerta y su extracción sostenida garantiza el abastecimiento del mercado interno y genera excedentes para la exportación de gas natural licuado.
Esta medida privatizadora en los segmentos de obtención, procesamiento y comercialización del gas puede incluso encuadrarse en el RIGI, que otorga grandes beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros para los inversores privados, en especial extranjeros.
Tanto Neuquén como Río Negro concentran gran parte del potencial gasífero de la Argentina y configuran por eso un área estratégica para el sistema energético nacional. Entonces, privatizar la extracción y comercialización de GNL significa habilitar al sector privado para que exporte todo el gas que quiera en función de sus ganancias mientras deja a miles de familias pasar frío porque no alcanza el gas para sus casas.
Todo este proyecto hace que un país que posee grandes reservas y producción de gas se vea obligado a importar una parte del gas que se necesita en la época invernal. Un negocio que el gobierno también les entrega a las empresas privadas, ya que las habilita para la importación para cubrir ese gas que faltaría. Un negocio adicional para las empresas privadas a las que ya les entregó todo. Un bocato di cardinale para “nuevas inversiones” que estarán plagadas de beneficios. Esos mismos beneficios que les están siendo quitados a los usuarios comunes con el pretexto de la crisis energética y el reordenamiento de cuentas y de gastos en el Estado nacional. O sea que, en contrapartida, los trabajadores vamos a pagar mucho más caro el gas que consumimos.
Pero el negocio de las empresas privadas no termina ahí: también serán estas las que les vendan el gas a las empresas mineras privadas instaladas en todo el país, especialmente en el Norte con el litio. Para ello, el Estado les garantizó la construcción de un gasoducto entre Neuquén y Jujuy. Es decir, también van a “morder” en el negocio minero.
Para implementar este plan de entrega total, el gobierno de Milei, una vez más, cobrará la comisión sobre estas transacciones entre petroleras, mineras, bancos, empresas y capitales nacionales extranjeros. Ni más ni menos que lo que hizo en otros sectores estratégicos para la economía y la soberanía, como la Hidrovía Paraná-Paraguay y el proyecto para facilitar la compra masiva de tierras por extranjeros, por citar sólo algunos ejemplos.
Infraestructura y logística privadas para la energía nacional
Todo esto quiere decir que, en un contexto en que la energía, la infraestructura y la logística se muestran como determinantes para el desarrollo de la economía, el gobierno de Milei le da al sector privado la facultad de exportar, importar y comercializar el gas natural licuado, es decir, le da la “potestad” del negocio energético en todos sus segmentos.
Mientras tanto, los simples mortalesseguiremos pagando facturas exorbitantes por el gas que utilizamos para calentar nuestras casas, tomar un baño o cocinar; pasaremos frío si nos vemos obligados a apagar las estufas porque no podemos pagar por tales consumos; haremos la cuenta para saber si es factible comprarnos un buzo o una frazada más (como nos sugieren algunos políticos) para estar en casa o prender la calefacción; y seguiremos levantándonos al amanecer para ir a trabajar, como todos los días, en transportes cada vez más caros, abarrotados y en malas condiciones, para que el gobierno y los inversores privados disfruten del gas que nos roban y de la calefacción que nos quitan mientras se reúnen a hacer sus negocios.
¿Cuál es la salida?
Frente a esta realidad, ¿cómo debería funcionar un sistema gasífero que cuide las reservas naturales del país, defienda la infraestructura que se construyó por décadas con el esfuerzo del pueblo argentino y establezca las prioridades de consumo, comenzando porque cada familia tenga gas accesible en los meses más fríos del año? Existen reservas naturales e infraestructura para ello. Quien diga lo contrario, miente.
Pero para que este sistema gasífero funcione sería necesario hacer lo contrario de lo que hace este gobierno. En primer lugar, recuperar y poner en manos del Estado los yacimientos de hidrocarburos, la infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución de gas. Esto significa expropiar y renacionalizar todo lo que se ha entregado a las empresas privadas. Lo mismo debería hacerse con el petróleo, los minerales y la hidrovía.
En segundo lugar, para garantizar que esto realmente esté al servicio de los trabajadores y el pueblo deben ser ellos mismos los que controlen este plan. Por ejemplo, a través de comisiones electas en asambleas de base e integradas por los trabajadores del sector, profesionales honestos especializados en el tema, y representantes de los usuarios.
Para lograr todo esto, es necesario que nos organicemos y salgamos a pelear, es necesario que derribemos las barreras que nos imponen la burocracia sindical y los políticos burgueses de turno, en especial el peronismo, que critica el proyecto de Milei pero en lugar de llamar a luchar nos pide que esperemos y lo votemos en 2027. Hasta tanto, debemos pasar frío o conseguir leña gratis.
¡Basta de robarnos la soberanía y la dignidad! ¡Basta de reducirnos el gas que necesitamos en invierno y el agua que necesitamos en verano! ¡Basta de hacer negocios a nuestras espaldas, de cubrirse con leyes que sancionan entre gallos y medianoche con la complicidad de legisladores a los que lo único que les importa es cuánto van a subir sus sueldos, porque el gas que usan seguro pueden pagarlo… si lo pagan!
Este es el punto de partida de la dura lucha que debemos encarar para lograr este plan. La lucha de los trabajadores y el pueblo de la Patagonia comienza a mostrarnos ese camino. Hay que “pasar por encima” de los dirigentes políticos y burócratas sindicales que nos dicen que no lo hagamos e imponerles ese camino de lucha. Es en ese proceso que surgirán los nuevos dirigentes políticos y sindicales que necesitamos los trabajadores y el pueblo.
Desde Voz Obrera Socialista, nos ponemos completamente a disposición para juntos llevar adelante esta tarea tan necesaria.
Fuentes consultadas:
Nicolás Gandini, Econojournal, 21/5/2026.-
La Tecla Patagónica, 27/1/2026.-
ArgenPorts, 27/1/2026.-
