Este artículo es el segundo de una serie que se inició con “El fuego del origen: independencia y traición en la historia sindical argentina”, en la que reflexionamos sobre la historia de los sindicatos en nuestro país. Para entender su origen y transformaciones, con el objetivo de sacar conclusiones que nos sirvan para transformarlos en herramientas de lucha.
Capítulo 2
El punto de inflexión: El Peronismo y la cooptación estatal
Tras la disolución de la FORA en 1930 y el límite del anarquismo por no preparar la lucha política por el poder, la vanguardia obrera pasó a manos del Partido Comunista (PC). Sin embargo, el PC desaprovechó la perspectiva abierta por la huelga de la construcción de 1935-1936 que dirigió. Aquella gesta, sostenida por comités por barrio, asambleas masivas y la histórica huelga general de enero de 1936 que paralizó la capital, demostró que existían las condiciones objetivas y la combatividad de base para construir una dirección clasista y autónoma del movimiento obrero. Pese a esta demostración de fuerza, la dirección comunista terminó subordinando la independencia de clase a la línea del Frente Popular y a los pactos con la burguesía “progresiva”. 1
En 1942, se desarrolló una huelga metalúrgica importantísima, dirigida por el SOIM (Gremio de ascendencia comunista), sostenida fuertemente por las comisiones internas de las fábricas. Ante la continuidad de la huelga, el estado, a través del ministerio de Trabajo, realiza un ofrecimiento salarial insuficiente. La dirección estalinista aceptó el ofrecimiento, porque consideraba un avance el reconocimiento oficial de las comisiones internas y privilegiaba la política comunista. En este sentido, entregó el conflicto al arbitraje del Estado para continuar produciendo para los aliados, dejando en la calle a los principales activistas de base y generando un desprestigio entre los trabajadores. En abril de 1943, dirigentes disidentes como Ángel Perelman y Nicolás Giuliani impulsaron la creación de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) como alternativa al SOIM.
La combinación de un sindicato debilitado y una masa de trabajadores nuevos (muchos llegados del interior del país sin experiencia sindical previa) creó un vacío de representación. En ese espacio histórico irrumpió la figura de Juan Domingo Perón.
En junio de 1943, los estancieros de la provincia de Buenos Aires, ligados al imperialismo británico, impulsaron un golpe de Estado militar ante el inminente triunfo en las elecciones convocadas de Patrón Costa, representante del partido Conservador. Este, con el apoyo de la mayoría de los capitalistas argentinos buscaba subordinar el país al nuevo amo de Latinoamérica, EEUU, lo cual chocaba con los intereses de los golpistas. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el coronel Juan Domingo Perón (uno de los líderes del golpe) aplicó una estrategia clara: quitó apoyo legal a los sindicatos comunistas (como el SOIM) y respaldó a los nuevos gremios paralelos (como la UOM), otorgándoles personería gremial y garantizando mejoras salariales rápidas. Así, la UOM absorbió a la mayoría de los trabajadores y se convirtió en el sindicato dominante.
El peronismo no “regaló” derechos (el aguinaldo, las vacaciones pagas, las jubilaciones, el estatuto del peón), sino que estatizó e institucionalizó reclamos históricos por los que la clase obrera venía luchando a fuego y sangre tras décadas de huelgas y represión. Para lograr la paz social y contener la combatividad, el Estado asumió el rol de árbitro, buscando conciliar entre las demandas de los trabajadores y los patrones. Este proceso se montó, además, sobre una masa obrera joven que migraba del campo a las grandes ciudades para sumarse a las nuevas fábricas: un sector desprovisto de la tradición política clasista, asamblearia y de resistencia que habían forjado las viejas corrientes anarquistas y socialistas.
El instrumento clave de esta integración fue el ordenamiento legal del sindicalismo, en particular mediante la creación de la personería gremial (consagrada en el Decreto 23852/45 de Asociaciones Profesionales). Este mecanismo otorgaba al Estado el poder exclusivo de decidir qué sindicato era legalmente reconocido como representante de cada rama de la industria. Solo el gremio con “personería” podía negociar convenios colectivos y recaudar aportes, mientras que cualquier organización disidente o combativa quedaba proscrita y sin recursos. El Estado pasó a tener la llave para habilitar o ahogar la organización de los trabajadores.
En este nuevo esquema, el sindicato dejó de ser la trinchera autónoma y la asociación libre del siglo pasado para convertirse en un apéndice de la administración estatal. Las organizaciones ya no se financiaban con el cobro directo y voluntario de sus militantes: el Estado pasó a retener la cuota sindical mediante el descuento obligatorio por recibo de sueldo que realizan las patronales.
Con el control de la caja, el monopolio de la representación legal y la protección de los decretos oficiales, nació la burocracia sindical: una capa de dirigentes profesionales desvinculados de la producción, con sueldos de privilegio, alejados del taller y de la fábrica. La dirigencia dejó de responder a los mandatos de las bases para responder a las necesidades del gobierno y la patronal. La cooptación estatal sustituyó a la autonomía, y la asamblea de base fue reemplazada por la negociación de cúpulas a espaldas de la clase obrera. Para evitar que las bases obreras pusieran en riesgo esta estructura de privilegios, la burocracia masificó y elevó a un nivel superior los métodos de control burocrático que ya había empezado a instalar el estalinismo. La imposición de estatutos proscriptivos, el recurso a las listas negras y la violencia física directa sobre el activismo opositor se convirtieron en las herramientas sistemáticas para ahogar la democracia de base; una práctica represiva que se consolidó en las organizaciones gremiales y continúa operando hasta hoy.
El proceso argentino no fue un caso aislado
Esta metamorfosis no fue un fenómeno exclusivo de Argentina, sino la expresión local de una tendencia mundial: la subordinación de las organizaciones obreras a los Estados capitalistas en el período imperialista (que en el caso de los regímenes fascistas adquirió la forma de una integración estatal directa). Ya en la década de 1920, la fundación de la Internacional Sindical Roja (Profintern), impulsada por los bolcheviques, intentó estructurar la independencia de clase a nivel internacional frente a la burocracia reformista. Sin embargo, la burocratización estalinista de la Profintern y su posterior disolución en 1937 liquidaron esa referencia sindical revolucionaria, dejando al activismo obrero a merced de la cooptación por parte de sus respectivos Estados nacionales.
En 1940, León Trotsky, dirigente de la Revolución Rusa, advirtió en sus escritos sobre los sindicatos en la época de la decadencia imperialista que las organizaciones gremiales modernas no podían permanecer neutrales. Frente al dominio de los monopolios sobre el Estado, la independencia sindical solo es posible bajo una dirección revolucionaria; de lo contrario, las conducciones reformistas y burocráticas indefectiblemente las convierten en apéndices del orden patronal.
En el caso de los países coloniales y semicoloniales, Trotsky analizó que los gobiernos de sus débiles burguesías adoptaban rasgos “bonapartistas sui generis”: hacían equilibrio entre la presión del imperialismo extranjero y la del poderoso movimiento obrero y de masas. Cuando estos gobiernos intentaban regatear con el imperialismo una porción mayor de las ganancias producidas por los trabajadores, buscaban apoyarse en la clase obrera otorgándole concesiones; a cambio, exigían transformar a los dirigentes gremiales en funcionarios estatales, convertidos en «policías internos» encargados de disciplinar la fábrica y garantizar la paz social.
Fue Nahuel Moreno quien tomó ese bisturí teórico para diseccionar el fenómeno peronista en la Argentina. Moreno entendió que el peronismo era la expresión viva de ese tipo de gobiernos “bonapartistas sui generis”. Al estatizar los sindicatos y alimentar a una burocracia sindical verticalista y patotera, el régimen le expropió a la clase trabajadora su capacidad de pensar con cabeza propia. Las comisiones internas antiburocráticas eran perseguidas porque la «paz social» era lo que había que perseguir. Paz, para los de arriba, empresarios, gobernantes, burócratas sindicales.
El estallido del Clasismo: cuando las bases rompieron el dique
Pero la historia de nuestra clase no es una línea recta. Cuando las cúpulas gremiales se dedicaron a pasear por los despachos de las sucesivas dictaduras militares, la base obrera acumuló un fuego silencioso que terminó por dinamitar el dique del control estatal.
El Cordobazo en 1969 anunció la primavera del clasismo. En las calles de Córdoba, los obreros de las grandes automotrices y los estudiantes unieron sus manos en una insurrección urbana que desbordó los escritorios pacificados de la CGT porteña. De esa llamarada nacieron los sindicatos de SITRAC-SITRAM en las plantas Fiat. Allí, la palabra «sindicato» recuperó su brillo: las decisiones ya no se tomaban en despachos herméticos, sino en asambleas soberanas a mano alzada. Su programa era explícito: independencia absoluta del Estado burgués, expulsión de la burocracia traidora y la certeza de que cada huelga en la fábrica era un eslabón en la lucha por el socialismo.
Ese hilo rojo alcanzó su punto más alto en el invierno de 1975. Frente al brutal plan de ajuste del gobierno peronista de Isabel Perón —el «Rodrigazo»—, la clase obrera protagonizó el primer paro general de la CGT contra un gobierno peronista, conquistando las renuncias del ministro Rodrigo y de López Rega, jefe de la organización paramilitar Triple A. En medio de esta irrupción desde las bases, las comisiones internas y cuerpos de delegados se coordinaron de forma horizontal en la Coordinadora de la Zona Norte, extendiendo rápidamente la experiencia a La Matanza y la Capital. El muro de la cooptación estatal se había agrietado: la clase trabajadora demostró que podía articular su propio combate sin jefes ni burocracia. Este desafío fue tan inmenso para la clase dominante que requirió el horror sangriento del golpe militar de 1976 para poder aplastarlo. (Ver https://vozobrerasocialista.com.ar/a-50-anos-de-la-dictadura-militar-por-una-memoria-de-clase/)
La vigencia de la democracia obrera y la independencia del estado
Para volver a imaginar un horizonte de libertad, para defender las reivindicaciones que necesitamos, es necesario rescatar el hilo rojo de nuestra historia y unirlo al que tendió la Internacional Sindical Roja en los años 20, bajo el impulso de la Tercera Internacional de Lenin y Trotsky.
El sindicato debe ser un órgano de combate revolucionario, jamás un apéndice de las oficinas del Estado capitalista. Su objetivo no debe ser reformar la explotación ni mendigar concesiones temporales, sino organizar a la clase trabajadora para la revolución socialista: la toma del poder, la destrucción del Estado burgués y la construcción de una sociedad sin explotadores ni explotados.
Para esa tarea histórica, el programa revolucionario bajaba a la práctica cotidiana restituyendo las banderas fundamentales de nuestra clase:
- Democracia obrera: Donde el poder de decisión no reside en cúpulas ni despachos cerrados, sino en la asamblea soberana, el debate a mano alzada y el mandato colectivo.
- Asociación libre: Donde la pertenencia al gremio sea un acto de conciencia y compromiso político, y no un descuento compulsivo del recibo de sueldo ejecutado por el patrón y el Ministerio.
- Dirigentes a la par: Volver a la ética de delegados y activistas que trabajan en la fábrica, el taller o el mostrador codo a codo con sus compañeros, sin privilegios, compartiendo la misma suerte que la clase que representan. Dirigentes que ganen lo mismo que un obrero del gremio y vuelvan a su lugar de trabajo al finalizar su mandato.
- Independencia política: La ruptura radical con el Estado capitalista y sus gobiernos. Nada tenemos que esperar ni obedecer de un Estado que no nos pertenece, que no legisla en nuestra defensa y que se erige únicamente para garantizar la ganancia patronal.
Aquel programa llamaba a organizar comités de fábrica elegidos por la base, a sostener la acción directa y la huelga como métodos centrales, y a pelear por el control obrero de la producción como paso previo a la toma del poder.
La independencia sindical respecto del Estado no es un capricho teórico ni un dogma de biblioteca; es la condición primera para que la clase trabajadora deje de ser el combustible de proyectos ajenos y se convierta en la arquitecta de su propio destino.
Volver a las raíces no nos deja en la contemplación, sino ante una decisión: sí, es plenamente posible —y urgente— reconstruir hoy un modelo sindical radicalmente distinto. Solo hace falta desenterrar el fuego del origen, romper las amarras que atan los gremios a los sillones de los ministerios y poner la fuerza de la organización obrera al servicio de la transformación socialista de la sociedad.
- La política del Frente Popular fue la estrategia oficial impulsada por la dirección estalinista a partir de 1935 bajo la premisa de formar un bloque para combatir al fascismo a escala internacional. Bajo este argumento, se promovió la alianza de los partidos obreros con sectores de la burguesía definidos como “progresistas” o “democráticos”. En la práctica, “subordinar la independencia de clase” implicó frenar la movilización obrera y postergar los reclamos propios para no romper esos pactos ni obstaculizar el esfuerzo de guerra aliado en la Segunda Guerra Mundial. Esta orientación respondía a la política exterior de la Unión Soviética bajo el mando de Stalin. Tras la invasión alemana a la URSS en 1941, la III Internacional ordenó a los partidos comunistas del mundo subordinar la lucha de clases a la alianza geopolítica con los Estados “democráticos” (EE. UU., Gran Bretaña), exigiendo congelar huelgas y conflictos para no alterar la producción de guerra Aliada.
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