La memoria no es un territorio neutral; es un campo de batalla donde el olvido es una herramienta de dominación y el relato, un arma de combate. En la Argentina, hemos asistido al despliegue de políticas que, bajo el velo de la institucionalidad, han intentado domesticar el pasado. El kirchnerismo lo hizo bajo la estética de una tragedia moral, reduciendo la militancia a la figura inofensiva de la víctima; hoy, el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel insiste en una “memoria completa” que, en su pretensión relativista, busca equiparar la maquinaria de exterminio del Estado con cualquier otra forma de violencia, vaciando de contenido político el sacrificio de toda una generación. Entre ambos espejismos, sobrevive una verdad silenciada: la memoria de la organización de clase, esa que el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (aquel plan imperialista de desmantelamiento y sangre) intentó extirpar para siempre.
El desmantelamiento de los relatos oficiales
Tanto la despolitización institucional como el relativismo oficial son formas eficaces de desarmar la historia. Es necesario desmenuzar cómo opera cada una para comprender su función política.
Por un lado, el relato que predominó durante años, asociado a la institucionalización del kirchnerismo, operó bajo una estética de la “tragedia moral” o de una épica anacrónica. En esta narrativa, el militante de los años 70 fue despojado de su programa político, de su horizonte socialista y de su inserción en la lucha de clases, para ser convertido en una “víctima moral”. En primer lugar, al reducir la militancia a una figura inofensiva, carente de estrategia y reducida a la inocencia absoluta de la víctima, se invisibiliza que los desaparecidos no fueron atacados por ser “buenos ciudadanos” o “jóvenes idealistas” en términos abstractos, sino por ser cuadros políticos de una clase obrera organizada que amenazaba el poder del capital. En segundo lugar, la idealización de la entrega setentista permitió al kirchnerismo construir una épica de las ideas revolucionarias como algo “de otro tiempo” mientras, simultáneamente, disciplinaba esa misma herencia bajo el rigor del sistema electoral y el orden institucional, transformando el asalto al cielo en una participación moderada dentro del juego democrático burgués tradicional. Esta visión neutraliza el conflicto, transformando la historia de una disputa por el poder en un relato de derechos humanos desconectado de las condiciones económicas que generaron el genocidio, profundizando la institucionalización y quitándole actualidad a las tareas de los luchadores de entonces.
Por otro lado, la narrativa de la “memoria completa”, reimpulsada por el actual gobierno y sus aliados, opera a través de un relativismo cínico. Bajo la fachada de “completar la historia”, se busca equiparar la maquinaria de exterminio del Estado, diseñada científicamente para aniquilar a la vanguardia obrera, con cualquier otra forma de violencia política, nivelando el campo de juego para absolver a los verdugos. Esta “memoria” no busca la verdad, sino la impunidad: al poner en el mismo plano a quienes operaban desde los centros clandestinos con la venia del poder económico y a quienes luchaban por la transformación social desde las fábricas, se vacía de contenido la naturaleza genocida del plan. Es una forma sofisticada de olvido, porque al decir que “todos fueron iguales”, se borra el objetivo deliberado de la represión: eliminar a los activistas obreros que, desde las comisiones internas y coordinadoras, constituían el verdadero núcleo de resistencia frente al despotismo patronal.
Ambas narrativas, aunque en apariencia antagónicas, coinciden en un punto fundamental: la necesidad de sustraer la lucha de los trabajadores del centro de la historia, impidiendo que el presente se piense como la continuación de aquellas batallas inconclusas.
El ascenso obrero: una potencia en disputa
En este ejercicio de recuperación de la memoria, es necesario explicar los antecedentes. Entre 1969 y 1975, el suelo argentino vibró bajo el pulso de una clase trabajadora que puso en crisis las formas tradicionales del reformismo sindical. No fue una época de súplicas, sino de irrupción. En los cordones industriales, las comisiones internas y los cuerpos de delegados habían erigido niveles inéditos de resistencia, desafiando el despotismo del capital. La política argentina de aquel período no puede entenderse sin la centralidad de esa clase trabajadora organizada, cuya persecución sistemática no fue un exceso, sino una necesidad sistémica para el capital.
Como señalaba nuestra corriente en sus análisis sobre el ascenso obrero (1975-1976), la clase trabajadora argentina había alcanzado niveles de organización, a través de las Coordinadoras Interfabriles y el despliegue de las comisiones internas, que desbordaban los límites del reformismo sindical, transformándose en una amenaza real al orden capitalista. Para los análisis de nuestra corriente, esta potencia constituía el embrión de una revolución proletaria, cuya contención exigió la intervención contrarrevolucionaria del terrorismo de Estado.
La centralidad del delegado de fábrica y la red de solidaridad obrera no solo funcionaron como una herramienta de lucha gremial, sino como una estructura de poder político que se desarrollaba con la capacidad de desafiar la legitimidad del Estado. Por tanto, la Dictadura buscó destruir el tejido organizativo que permitía a los trabajadores constituirse como un sujeto soberano.
La militancia como estrategia: Loscertales y Martínez
Esa potencia no era espontánea; era el fruto de una siembra militante consciente. Figuras como Roberto “Laucha” Loscertales y Ana María Martínez, militantes del PST, personifican esta síntesis entre la lucha cotidiana y el programa socialista. Loscertales, obrero naval y dirigente regional del PST en La Plata, no era un mero activista: era un cuadro político que, tras su paso por el Centro de Estudiantes de Ingeniería, se había proletarizado, impulsando el control obrero y la solidaridad de clase con una convicción inquebrantable.
Su compromiso se encontró con el terror ejercido durante el gobierno de Isabel Perón y López Rega, en la Masacre de La Plata el 5 de septiembre de 1975. Esa noche, junto a Hugo Frigerio, Ana María Guzner, Lidia Agostini y Adriana Zaldúa, se dirigía a la fábrica Petroquímica Sudamericana (luego Mafissa) con el fondo de huelga recaudado para sostener el conflicto que los trabajadores libraban contra la patronal de la familia Curi. Fueron interceptados por un grupo parapolicial de la Triple A. Sus cuerpos aparecieron horas después en La Balandra, Berisso. Este acto de terrorismo paraestatal, previo al golpe de 1976, fue una decisión política calculada: buscaban decapitar la dirección política de un movimiento que, mediante la solidaridad interfabril, desafiaba los límites de la explotación patronal.
Por su parte, Ana María Martínez, cuya militancia en la zona norte se desarrolló en la organización barrial y fabril, fue secuestrada en febrero de 1982. Su caso es emblemático de la continuidad represiva: incluso cuando la dictadura agonizaba, la maquinaria asesina se activó para impedir cualquier intento de reorganización de la clase trabajadora ante la inminente caída de la Junta. Su secuestro, tortura y asesinato buscaban enviar un mensaje claro: el terror seguía vigente para impedir la recomposición del movimiento obrero.
No fueron víctimas azarosas; fueron decapitados por un sistema que entendía que estos militantes eran los arquitectos de una estrategia capaz de poner en jaque la rentabilidad capitalista. Al eliminarlos, la dictadura y sus aliados patronales buscaban extirpar la inteligencia política de un movimiento obrero que había comprendido que su emancipación requería un horizonte distinto al del sistema vigente.
El engranaje criminal: complicidad y represión patronal
El terrorismo de Estado tuvo un arquitecto oculto en el sector privado. La denuncia de la complicidad empresarial no se limita a un análisis aislado; es un hecho documentado por múltiples fuentes. El informe “Nunca Más” (1984), elaborado por la CONADEP, ya dejaba constancia al inicio de la democracia de que una abrumadora mayoría de las víctimas del terrorismo de Estado eran trabajadores, delegados de base y militantes sindicales, lo que confirma que el blanco fue deliberadamente la clase obrera organizada.
Esta evidencia se profundiza en las investigaciones de Victoria Basualdo (2006), que demuestran que la represión no fue un hecho externo a las fábricas, sino algo que ocurrió dentro de ellas. Las empresas no fueron espectadores pasivos; fueron actores centrales de un engranaje donde la fábrica funcionó como un anexo del sistema represivo. Las firmas entregaban listados de activistas, señalaban a delegados y habilitaron espacios físicos, como centros de detención dentro de las plantas, para el ejercicio del terror. El caso de Ford (General Pacheco) es el paradigma: la empresa facilitó legajos personales al aparato represivo y permitió la instalación de un centro de detención donde se torturó a los propios trabajadores. Situaciones análogas ocurrieron en Mercedes-Benz y en el Ingenio Ledesma, donde la empresa proveyó la logística para el secuestro masivo de trabajadores durante el “Apagón”.
En estos casos la impunidad ha sido la norma; el fallo judicial contra exdirectivos de Ford es una excepción que confirma que, durante años, el Poder Judicial operó como un embudo que procesaba militares para ocultar que los empresarios fueron los beneficiarios, autores ideológicos y cómplices directos de la restauración de la tasa de ganancia a sangre y fuego. Nuevamente las alianzas de clase por encima de los procesos de in-justicia.
La vigencia de una estrategia
Al desarmar estos relatos, la historia recupera su filo. La represión no fue un evento caótico, sino un ataque quirúrgico contra quienes, en los años 70, desafiaron los límites de lo posible. Por eso, recuperar la memoria obrera y socialista no es un simple ejercicio de nostalgia ni un acto de recordación estéril; es un ejercicio de dignidad política que nos obliga a mirar el presente con los ojos de quienes no se resignaron a la derrota.
Significa restaurar la radicalidad de aquellos que comprendieron que la clase trabajadora era el sujeto llamado a transformar la realidad, no un espectador de sus propias penurias. Al rescatar el pensamiento de militantes como Loscertales o Martínez y recuperar nuestra tradición, no buscamos llorar sobre las ruinas, sino identificar la estrategia de quienes se negaron a ser víctimas pasivas. Aquella generación dejó abierto un interrogante que sigue vigente: el de la construcción de una alternativa de poder que no se agote en los marcos estrechos del sistema. Al recuperar esta perspectiva de clase, la historia deja de ser un pasado clausurado para convertirse, una vez más, en una posibilidad de futuro.
Fuentes
Basualdo, V. (2006).Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado. FLACSO.
